EL PAêS
Mercedes Aguero R. maguero@nacion.com
12:00
a.m. 03/12/2011
La
ubicaci—n de torres para celulares debe adecuarse a las necesidades que tienen
las empresas para desplegar sus redes de telefon’a.
Por
lo tanto, las autorizaciones que dan las municipalidades para colocar estas
estructuras deben apegarse, en la medida de lo posible, a estos requerimientos.
As’
lo hizo ver el magistrado Ernesto Jinesta, en
declaraciones dadas a La Naci—n.
ÒLas
torres de telefon’a celular son segœn requerimientos tŽcnicos. Entonces, puede
ser que la torre estŽ ubicada en zona de baja densidad residencial, en una zona
comercial o industrial. Por eso, es que no podemos crear una categor’a dentro
de los planes reguladores que diga: ‡rea para torresÓ, manifest— Jinesta.
En
las torres se ubican las antenas que permiten la transmisi—n de la se–al de
telefon’a m—vil.
Sin
estas estructuras es imposible que las empresas puedan dar cobertura y ofrecer
servicios de telefon’a e Internet a los vecinos.
En
una resoluci—n emitida el 16 de noviembre anterior, la Sala Constitucional
declar— este tema de interŽs nacional y concluy— que los gobiernos locales no
pueden crear regulaciones y requisitos asimŽtricos que impidan una
infraestructura normalizada y uniforme.
Segœn
los magistrados, tampoco es necesario que los municipios modifiquen sus planes
reguladores existentes, pues pueden tramitar los permisos con la normativa
existente en los ayuntamientos.
Tampoco
se deben someter las solicitudes de las empresas Òa tr‡mites que pueden
obstruir o retardar el proceso de contar, a nivel nacional, con una
infraestructura s—lida, robusta y uniforme en telecomunicacionesÓ, concluy— la
Sala.
Algunos
ayuntamientos han emitido regulaciones que restringen las zonas donde se deben
instalar las torres, alej‡ndolas de las zonas residenciales.
M‡s
flexibles. Los nuevos operadores
aseguran que, desde su salida al mercado, en noviembre, los ayuntamientos
empezaron a flexibilizar los tr‡mites para las torres.
ÒDesde
el lanzamiento nos han empezado a salir entre tres y seis sitios diarios de
permisos. Lo que hace el fallo de la Sala es poner en claro el ordenamiento
jur’dicoÓ , dijo Ricardo Taylor, director de Claro.
Mat’as
Se–or‡n, director de Comunicaci—n de Movistar,
asever— que desde el inicio de operaciones han aumentado las autorizaciones, lo
cual permiti— que la cobertura crezca en m‡s de un 20% para llegar hoy al 80%
de la poblaci—n.
Sin
embargo, aœn hay gobiernos locales como Barva, Tib‡s,
Santo Domingo de Heredia, Carrillo, Montes de Oca y Santa Ana en donde
persisten las trabas.
Juan
Antonio Vargas, director ejecutivo de la Federaci—n Metropolitana de
Municipalidades de San JosŽ (Femetrom), que reœne a
14 ayuntamientos, defendi— la labor de estos en el tema de torres.
ÒMe
siento muy satisfecho del rŽgimen municipal que se ech— a sus espaldas regulaciones
que no eran locales, sino nacionales y tuvimos que enfrentar la cr’tica de los
medios de comunicaci—n y de otros sectoresÓ, afirm—.